Es sabido que el Sector Público actual es un tanto diferente a aquel que existía al momento de crearse el Tribunal de Cuentas. No se trata sólo de su tamaño, sino también de la complejidad que conlleva aggiornarse a los constantes cambios del entorno que lo influyen. Así, la función del Tribunal de Cuentas, caracterizada por el control de legalidad, debe ser llevada a cabo con
los mejores estándares de calidad, a través del desarrollo de mecanismos de control que permitan mejorar la gestión de los órganos provinciales y prevenir deficiencias administrativas.
Con el dictado de la Resolución Nº 93/12 – TdeC-, se da creación al Área Auditoría en el ámbito del Tribunal de Cuentas, a efectos de lograr lo anteriormente mencionado, a través de la implementación de procedimientos especiales de auditoría que permitan determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente relativa a las operaciones financiero-patrimoniales, con el fin de agilizar las rendiciones de cuentas ante este Organismo de Control, en el marco de lo establecido por el Decreto-Ley Nº 513/69.
De acuerdo al artículo 1º del Reglamento de conformación y funcionamiento del Área de Auditoría, ésta se divide en tres sectores:
Las Auditorías Generales, que alcanzan a los Poderes Públicos y Órganos de la Constitución Provincial, Entes Descentralizados y Autárquicos, Comisiones de Fomento, Municipalidades, en los casos previstos en la segunda parte del artículo 124 de la Constitución de la Provincia de La Pampa y a las entidades privadas que reciban subsidios del Estado Provincial.
Las Auditorías Especiales, establecidas en las Leyes Nº 808, Nº 1.687, Nº 2.225, Resoluciones del Tribunal de Cuentas, y las que se dicten en el futuro.
Las Auditorías Federales, establecidas en el marco del Convenio de Coordinación y Cooperación Técnica suscripto en la Red Federal de Control Público.
Para la realización de las tareas encomendadas, es condición necesaria contar con capacidad técnica adecuada, prestar debido cuidado y diligencia profesional y guardar estricta confidencialidad de toda información y/o documentación vinculada a sus funciones.
El alcance de las auditorías, en el caso concreto de las Auditorías Generales o de Legalidad, está determinado por el examen estructurado de registros u otra búsqueda de evidencia, cuyo propósito es sustentar una evaluación, recomendación u opinión profesional con respecto a la consistencia de los sistemas de información contable y control numérico-legal de los Organismos alcanzados por ella.
En este sentido, las auditorías no sólo ayudan a detectar posibles desvíos en lo que a ejecución presupuestaria se refiere, sino que además influyen positivamente en la organización y sincronización del trabajo interno de las distintas áreas que conforman el Tribunal de Cuentas; actuando como un nexo capacitador y facilitador de conocimiento entre los cuentadantes y quienes llevan a cabo la tarea de control.
La implementación de auditorías financieras como soporte al control posterior llevará a que los funcionarios responsables del manejo de fondos públicos perciban cierta sensación del control, entendiéndose ésta como el nivel de concientización que se tiene respecto de la rendición de cuentas ante la mirada de un organismo de control con una presencia más activa ante la sociedad.
